Miss Defensora del Pueblo: 2007-2012

Gabriela630RamirezDP Vimos a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, defenderse a sí misma. Vimos a la Guardia del pueblo prohibirle al pueblo llegar hasta su sede. Vimos al pueblo ser asfixiado por manifestar su derecho al libre tránsito y a la protesta contra la Defensoría. Vimos a Gabriela Ramírez privilegiar su indignación por el manejo tendencioso que de sus recientes declaraciones realizara un medio impreso venezolano. Ahora nos toca ver la violación del artículo 57 de la Constitución, que establece que la información debe ser oportuna, lo que hace imperativo señalar que la acreditación grado “A” que hoy dice recibir la defensora, no se corresponde con méritos de fechas recientes, sino con documentos consignados por las actividades de la Defensoría en el quinquenio 2007–2012 y le fue otorgada en mayo de 2013. Publicar a destiempo esta nota no tiene fines informativos sino propagandísticos.

En términos prácticos, lo que gana la Defensoría del Pueblo con esta acreditación grado “A” es la asesoría del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales, la asistencia a eventos de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Comité –una reunión anual y una conferencia bienal– con derecho de palabra y el envío regular de informes a sus homólogos. No es un sello Norven, ni una garantía de calidad ISO 9000 ni es una estrellita en la frente.

No hay contradicción con otra organización
En noviembre de 2012, la defensora Gabriela Ramírez afirmó que no existía contradicción alguna entre el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a la par del retiro de nuestro país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El argumento central residió en la amplitud que por su estructura supone el Consejo, versus la parcialidad que signaba a la Corte.

El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, es el órgano independiente que se encarga de hacer seguimiento y revisión de estas organizaciones cada 5 años. En 2013 le correspondió a la Defensoría del Pueblo venezolana, cuyo informe de desempeño y progresos, no llegó a incorporar los terribles sucesos vividos en abril del año pasado. Diversas organizaciones venezolanas de Derechos Humanos, solicitaron al Comité la revisión de la acreditación de la Defensoría con el envío de un informe donde explicaban las múltiples violaciones de las que han sido objeto venezolanos, sin el concurso de la Defensoría para su amparo y resarcimiento correspondientes, teniendo como parámetro los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.

En el momento de su ingreso al Consejo de DDHH, Ramírez afirmaba el compromiso que significaba la elección de Venezuela y el propio Ejecutivo se comprometía en tomar acciones para combatir la inseguridad –cuyo incremento ha sido tan alarmante como sostenido–, y mejorar la situación de las cárceles –de los últimos 4 motines, la ministra Iris Valera aún no consigna informes–, sin ofrecer garantías para honrar las garantías de libertad de expresión –corroborado con nuestra hegemonía comunicacional y autocensura–, la independencia judicial o la mejora de su relación con la Corte Interamericana, de cuya jurisdicción logró separarse en septiembre de 2013.

El problema del timing.
26 asesinados, 1600 detenidos, centenares de heridos, más de 120 periodistas agredidos en la coberturas de sucesos y al menos 44 casos de tortura reconocidos por las autoridades. Ante este saldo, el gobierno venezolano brinda hoy por el logro de una acreditación cuya base reside en el quinquenio pasado, advirtiendo que antes del acto había sido consignada la documentación de las investigaciones que se realizan por presuntos maltratos a la integridad personal durante los hechos de violencia que se han suscitado en Venezuela desde el 12 de febrero, con especial énfasis en la reducción lograda de las manifestaciones, que contabilizaron en principio en 18 municipios, para señalar su disminución a 14 y afirmar que solo persisten en 6 de los 335 municipios del país. Afirmación que entra en contradicción con las manifestaciones celebradas ayer en San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Cumaná, La Victoria, Valencia, Puerto Ordaz, Valera y Caracas, que lamentablemente terminaron con acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, con el terrible saldo de 3 asesinados y 14 heridos de bala solo en el estado Carabobo.

En todo caso, Ramírez señaló desde Ginebra que la Defensoría hace seguimiento a los funcionarios de seguridad que presuntamente han incurrido en excesos de represión, que ya hay varios detenidos, sin precisar dónde están ni quiénes son, tanto menos en cuál estadio se encuentran las investigaciones que sobre ellos adelantan, pero prometió que de llegar a comprobarse alguna actuación represiva indebida y de acuerdo al criterio del juez correspondiente, los funcionarios pagarán prisión según lo establecido en nuestra legislación.

La promoción de la acreditación es entonces una pieza más a la apuesta de la ebullición de la indignación, haciendo que esos parámetros internacionalmente aceptados para la observancia de las funciones de las instituciones nacionales de DDHH, en áreas como independencia, cumplimiento con su mandato, contenido y propósito de informes defensoriales y relaciones con la sociedad civil, necesiten de la ponderación que el propio ciudadano pueda hacer entre lo que vive y lo que es reportado por la Defensoría. Que la defensora haya dedicado el cierre de su declaración a la promoción de un documento para prevenir el acoso escolar en el marco de esta crisis política, es poco menos que una burla a la población que por razones políticas ni representa, ni defiende.

¿Y a ti quién te defiende?
A diferencia de sus homólogos latinoamericanos, como los defensores de Ecuador o Perú, Ramírez ha sostenido una relación conflictiva con las organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela. Los que deberían fungir como sus principales aliados en la difícil tarea de proteger al pueblo frente a un gobierno que ha perdido la separación de sus poderes y los contrapesos frente al Estado, han sido incluso [des]calificados por ella, como organizaciones antigubernamentales.

El primer informe evaluativo que sobre el desempeño de la Defensoría del Pueblo para el período 2007–2012 enviaran diversas ONG venezolanas de DDHH, estuvo basado en la experiencia de estas organizaciones y el desarrollo social en su relación con la institución. Entre los hallazgos del estudio se encuentra la ausencia de independencia de los máximos responsables de la institución; la falta de estímulo al cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos y el cuestionamiento de los órganos de protección; la instrumentalización del Informe de la Defensoría como un mecanismos más de propaganda del gobierno; y la existencia de una oferta formativa en derechos humanos, sesgada y excluyente.

Puedes consultar este informe hecho por Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Haciendo click aquí puede consultar el informe.

La defensora afirmó en Ginebra que también denunciará la campaña de odio que se ha desencadenado contra la Defensoría y su persona ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la relatoría de Libertad de Expresión y la relatoría especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Si este empeño fuese proporcional con la voluntad para ayudar a resarcir las múltiples violaciones de DDHH de las que son objeto tantos venezolanos, muchos celebraríamos esta acreditación pasada, cuya continuidad solo garantiza más indignidad.

Vaya nuestra felicitación retroactiva por algo obtenido en 2013. Ahora lábrese el respeto en este 2014, acompañando a las víctimas de esta desproporcionada violencia de Estado, tal como el 28 de febrero se lo indicara la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en una nota que lamentablemente no difundieron los medios del Estado.

Publicado originalmente en Prodavinci

Categoría: Opinión

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