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La superación de la dictadura económica

Dictadura economica ¿Es o no dictadura? Los venezolanos vamos aprendiendo que una dictadura no es siempre el producto de la toma violenta del poder. Hemos visto cómo un gobierno electo se puede hacer progresivamente dictatorial. Estamos comprendiendo, además, que esta segunda modalidad resulta más perniciosa que la primera pues se presta a dudas diversas. Para muchos es evidente que la represión, la persecución y la prisión por razones políticas, unidas a la ausencia de separación de poderes y a la hegemonía comunicacional, definen al régimen como una dictadura. Otros, sin embargo, continúan hablando de un gobierno con cierto sesgo autoritario, pero legitimado periódicamente mediante elecciones. Mi argumento es que el régimen optó por el camino dictatorial hace varios años, al asumir al socialismo del siglo 21 como su programa político.

El socialismo es intrínsecamente dictatorial. El socialismo del siglo 21 es una nueva forma de comunismo. Lo dijo el propio Fidel hace algunos años. Y cualquiera que lea el “Plan de la Patria” podrá corroborarlo. Este socialismo asume la lucha de clases como premisa para interpretar la dinámica social e impulsar su transformación. Comparte, además, la idea de que la única forma de superar esa lucha es haciendo menguar la propiedad privada. En el “Libro Rojo” del PSUV, por ejemplo, en medio de retórica marxista se dice: “la propiedad privada de los medios de producción determina en cualquier sociedad las relaciones de trabajo, las relaciones humanas y todos los aspectos de la vida, negando los objetivos de una sociedad humanista, solidaria, socialista”. Por ello, el acoso a la supuesta clase propietaria es uno de los aspectos fundamentales del proyecto político revolucionario. También lo es el control integral del proceso económico. Tales pretensiones significan, desde luego, violar las libertades económicas y generar numerosas resistencias entre los afectados por las políticas socialistas. Es por ello que el socialismo tiene que ser una dictadura económica. Esto es algo que fue previsto por el pensamiento marxista, que abogaba por la “dictadura del proletariado” como fórmula para manejar la conflictiva transición hacia el comunismo. De hecho, en el citado Libro Rojo se habla de concentrar el poder “… como forma de superar la concepción liberal burguesa de la separación formal de poderes”.

La debacle del socialismo profundiza la dictadura. El socialismo, entendido como transición hacia el comunismo, destruye los incentivos para la inversión y el emprendimiento. Lo cual se ha traducido invariablemente en pobreza, escasez y racionamiento. El socialismo ha creado también Estados burocráticos, ineficientes y corruptos, cuyo sostenimiento ha resultado finalmente imposible. Varios regímenes socialistas, enfrentados a problemas fiscales insuperables, han acudido incluso al financiamiento mediante la creación de dinero, generando graves episodios inflacionarios. Tal cúmulo de problemas ha provocado el natural descontento social, enfrentado por las dictaduras socialistas mediante variadas estrategias represivas. Y ya no solo contra los supuestos burgueses explotadores del pueblo, sino contra el pueblo mismo.

Un mercado competitivo es democracia económica. Frente al socialismo del siglo 21 no ha cobrado fuerza aún una visión alternativa. Muchos pensamos que, en realidad, solo una economía de mercado es compatible con la libertad de las personas y, por tanto, con el despliegue de su capacidad creadora y su espíritu de emprendimiento. Aclaro, sin embargo, que no toda economía de mercado logra eso. No lo hacen economías de mercado de tipo oligárquico (en las que el poder económico se concentra en pocos grupos sociales) o de tipo monopólico. Sí lo ha hecho la llamada economía social de mercado, caracterizada por la existencia de instituciones que no solo garantizan los derechos económicos y evitan la conducta depredadora, sino que promueven la competencia entre los agentes económicos. En una economía así una empresa solo alcanza el éxito si logra satisfacer las necesidades de los consumidores. La economía social de mercado es, pues, democracia económica. Su fin último es que el crecimiento de la productividad, resultado de una economía competitiva y pujante, nos beneficie a todos como consumidores, elevando nuestra calidad de vida. Y esa es una de las razones, para quien se lo pregunte, del uso del adjetivo “social” junto al término “mercado”.

Roberto Casanova
@roca023

Las ojeras del diálogo

Ojeras del dialogo
La escasez de azúcar, leche y café ha afectado el único cafetín del centro comercial donde trabajo. Un espacio que se sostiene a pesar de la combinación que establecen la sordera del señor José y la lentitud de la cajera de turno, gracias a Henry, el incansable y diligente hombre que cuela café, bate jugos y monta sanduches respetando el orden de llegada, birlando siempre a los coleados. Henry llama a las mujeres María y a los hombres José.

Cinco trabajadores del Seniat esperaban sus cafés y al recibirlos en la escala de con leche a cerrero, se separaron en dos grupos, abriendo el paso a los nuevos solicitantes. Una dupla tomó la papelera a mi espalda. Abrieron unos twinkies para hundirlos en sus vasitos. Yo esperaba que montara mi jugo de lechosa con naranja tras unos sanduches de jamón y queso.

“Liderazgo y Visión” y la Política

GranConcentracion-900x600 1. Promover el interés por los temas públicos y la participación política es un componente esencial de la misión que Liderazgo y Visión se propuso desde su creación, en 1995, y que mantiene hasta el presente. Las circunstancias actuales muestran la pertinencia de tal principio.
2. La transformación de nuestra realidad es una tarea esencialmente política. Y el principal instrumento para la acción política son los partidos. Liderazgo y Visión siempre ha sostenido que todo partido debe, entre otras cosas, prepararse para facultar a la ciudadanía en la comprensión de los grandes temas públicos. Esto implica, desde luego, que la propia dirigencia y militancia de las organizaciones políticas –en especial quienes ocupan cargos públicos o aspiran a hacerlo – se inserten en una dinámica de constante reflexión y formación.
3. Lamentablemente, los partidos mantienen importantes rezagos en el necesario proceso de cambio que deben experimentar. Por otra parte, cierta actitud anti-política presente en parte de la ciudadanía estigmatiza la militancia partidista. Hemos creado así un terrible círculo vicioso. Los partidos no se renuevan porque no incorporan dentro de sí fuerzas de cambio y no logran incorporar esas fuerzas porque no se renuevan.
4. Con la intención de ayudar a hacer que la política venezolana sea también pedagogía social varios de los integrantes y ex integrantes del equipo coordinador de Liderazgo y Visión hemos decidido incorporarnos a un partido político. Ante tal circunstancia, nos parece conveniente puntualizar dos cosas.
5. La incorporación a un partido político es una decisión absolutamente personal. Tal decisión no compromete en nada a la organización. Liderazgo y Visión continúa siendo una organización civil independiente, sin una orientación partidista ni fines de lucro. Sus programas y proyectos no han estado ni estarán mediatizados por las legítimas preferencias partidistas de las personas que integramos la organización. Cabe anotar, además, que sería contradictorio con nuestra misión exigir la no militancia como condición para formar parte de nuestro equipo.
6. Es importante informar que varios de los integrantes del equipo coordinador que se están incorporando a un partido, no desempeñan formalmente, desde el año pasado, cargos en nuestra organización aunque siguen estrechamente comprometidos con ella.
7. Hoy vivimos tiempos intensamente políticos. Los demócratas debemos cerrar filas ante la dictadura. Cada quien debe buscar la forma de contribuir al esfuerzo común orientado a superar esta época turbulenta y encontrar la senda del progreso en libertad. En tal sentido, militar en un partido es una opción que todo venezolano debe seriamente ponderar.

Roberto Casanova
@roca023

Miss Defensora del Pueblo: 2007-2012

Gabriela630RamirezDP Vimos a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, defenderse a sí misma. Vimos a la Guardia del pueblo prohibirle al pueblo llegar hasta su sede. Vimos al pueblo ser asfixiado por manifestar su derecho al libre tránsito y a la protesta contra la Defensoría. Vimos a Gabriela Ramírez privilegiar su indignación por el manejo tendencioso que de sus recientes declaraciones realizara un medio impreso venezolano. Ahora nos toca ver la violación del artículo 57 de la Constitución, que establece que la información debe ser oportuna, lo que hace imperativo señalar que la acreditación grado “A” que hoy dice recibir la defensora, no se corresponde con méritos de fechas recientes, sino con documentos consignados por las actividades de la Defensoría en el quinquenio 2007–2012 y le fue otorgada en mayo de 2013. Publicar a destiempo esta nota no tiene fines informativos sino propagandísticos.

En términos prácticos, lo que gana la Defensoría del Pueblo con esta acreditación grado “A” es la asesoría del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales, la asistencia a eventos de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Comité –una reunión anual y una conferencia bienal– con derecho de palabra y el envío regular de informes a sus homólogos. No es un sello Norven, ni una garantía de calidad ISO 9000 ni es una estrellita en la frente.

No hay contradicción con otra organización
En noviembre de 2012, la defensora Gabriela Ramírez afirmó que no existía contradicción alguna entre el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a la par del retiro de nuestro país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El argumento central residió en la amplitud que por su estructura supone el Consejo, versus la parcialidad que signaba a la Corte.

El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, es el órgano independiente que se encarga de hacer seguimiento y revisión de estas organizaciones cada 5 años. En 2013 le correspondió a la Defensoría del Pueblo venezolana, cuyo informe de desempeño y progresos, no llegó a incorporar los terribles sucesos vividos en abril del año pasado. Diversas organizaciones venezolanas de Derechos Humanos, solicitaron al Comité la revisión de la acreditación de la Defensoría con el envío de un informe donde explicaban las múltiples violaciones de las que han sido objeto venezolanos, sin el concurso de la Defensoría para su amparo y resarcimiento correspondientes, teniendo como parámetro los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.

En el momento de su ingreso al Consejo de DDHH, Ramírez afirmaba el compromiso que significaba la elección de Venezuela y el propio Ejecutivo se comprometía en tomar acciones para combatir la inseguridad –cuyo incremento ha sido tan alarmante como sostenido–, y mejorar la situación de las cárceles –de los últimos 4 motines, la ministra Iris Valera aún no consigna informes–, sin ofrecer garantías para honrar las garantías de libertad de expresión –corroborado con nuestra hegemonía comunicacional y autocensura–, la independencia judicial o la mejora de su relación con la Corte Interamericana, de cuya jurisdicción logró separarse en septiembre de 2013.

El problema del timing.
26 asesinados, 1600 detenidos, centenares de heridos, más de 120 periodistas agredidos en la coberturas de sucesos y al menos 44 casos de tortura reconocidos por las autoridades. Ante este saldo, el gobierno venezolano brinda hoy por el logro de una acreditación cuya base reside en el quinquenio pasado, advirtiendo que antes del acto había sido consignada la documentación de las investigaciones que se realizan por presuntos maltratos a la integridad personal durante los hechos de violencia que se han suscitado en Venezuela desde el 12 de febrero, con especial énfasis en la reducción lograda de las manifestaciones, que contabilizaron en principio en 18 municipios, para señalar su disminución a 14 y afirmar que solo persisten en 6 de los 335 municipios del país. Afirmación que entra en contradicción con las manifestaciones celebradas ayer en San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Cumaná, La Victoria, Valencia, Puerto Ordaz, Valera y Caracas, que lamentablemente terminaron con acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, con el terrible saldo de 3 asesinados y 14 heridos de bala solo en el estado Carabobo.

En todo caso, Ramírez señaló desde Ginebra que la Defensoría hace seguimiento a los funcionarios de seguridad que presuntamente han incurrido en excesos de represión, que ya hay varios detenidos, sin precisar dónde están ni quiénes son, tanto menos en cuál estadio se encuentran las investigaciones que sobre ellos adelantan, pero prometió que de llegar a comprobarse alguna actuación represiva indebida y de acuerdo al criterio del juez correspondiente, los funcionarios pagarán prisión según lo establecido en nuestra legislación.

La promoción de la acreditación es entonces una pieza más a la apuesta de la ebullición de la indignación, haciendo que esos parámetros internacionalmente aceptados para la observancia de las funciones de las instituciones nacionales de DDHH, en áreas como independencia, cumplimiento con su mandato, contenido y propósito de informes defensoriales y relaciones con la sociedad civil, necesiten de la ponderación que el propio ciudadano pueda hacer entre lo que vive y lo que es reportado por la Defensoría. Que la defensora haya dedicado el cierre de su declaración a la promoción de un documento para prevenir el acoso escolar en el marco de esta crisis política, es poco menos que una burla a la población que por razones políticas ni representa, ni defiende.

¿Y a ti quién te defiende?
A diferencia de sus homólogos latinoamericanos, como los defensores de Ecuador o Perú, Ramírez ha sostenido una relación conflictiva con las organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela. Los que deberían fungir como sus principales aliados en la difícil tarea de proteger al pueblo frente a un gobierno que ha perdido la separación de sus poderes y los contrapesos frente al Estado, han sido incluso [des]calificados por ella, como organizaciones antigubernamentales.

El primer informe evaluativo que sobre el desempeño de la Defensoría del Pueblo para el período 2007–2012 enviaran diversas ONG venezolanas de DDHH, estuvo basado en la experiencia de estas organizaciones y el desarrollo social en su relación con la institución. Entre los hallazgos del estudio se encuentra la ausencia de independencia de los máximos responsables de la institución; la falta de estímulo al cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos y el cuestionamiento de los órganos de protección; la instrumentalización del Informe de la Defensoría como un mecanismos más de propaganda del gobierno; y la existencia de una oferta formativa en derechos humanos, sesgada y excluyente.

Puedes consultar este informe hecho por Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Haciendo click aquí puede consultar el informe.

La defensora afirmó en Ginebra que también denunciará la campaña de odio que se ha desencadenado contra la Defensoría y su persona ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la relatoría de Libertad de Expresión y la relatoría especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Si este empeño fuese proporcional con la voluntad para ayudar a resarcir las múltiples violaciones de DDHH de las que son objeto tantos venezolanos, muchos celebraríamos esta acreditación pasada, cuya continuidad solo garantiza más indignidad.

Vaya nuestra felicitación retroactiva por algo obtenido en 2013. Ahora lábrese el respeto en este 2014, acompañando a las víctimas de esta desproporcionada violencia de Estado, tal como el 28 de febrero se lo indicara la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en una nota que lamentablemente no difundieron los medios del Estado.

Publicado originalmente en Prodavinci

Me incorporé a un partido político

militancia Un creciente número de venezolanos lucha hoy por recuperar las libertades que un gobierno autoritario le viene progresivamente arrebatando y por independizarse de la nefasta influencia de la dictadura cubana. Muchos entendemos que la mayoría de los problemas que nos agobian – escasez, inflación, inseguridad, conflictividad – son la inevitable consecuencia de un modelo de corte comunista que pretende controlar a la sociedad entera y subordinarla a una élite ambiciosa, sectaria y corrupta. Otros más lo irán entendiendo y, pronto, esperemos, una mayoría consistente comprenderá que este régimen es incapaz de conducirnos al progreso, con libertad y justicia.

Los actuales eventos demuestran, sin embargo, que no basta con que hoy algunos sectores desafíen, con coraje cívico, al régimen. Requerimos, además, un trabajo de articulación social y una dirección política. Por una parte, el éxito de nuestra lucha democrática pasa por la convergencia de las diversas demandas sociales en una misma causa transformadora. Por otra parte, la diversidad de opiniones no debe ser obstáculo para lograr la coordinación que necesitamos para enfrentar a un régimen dispuesto a casi todo para mantenerse en el poder. Estas son tareas que, en circunstancias ideales, deberían cumplir, principalmente, los partidos políticos. No es lo que ocurre, como es sabido.

La mayoría de los partidos han centrado sus esfuerzos en la intensa dinámica electoral de los años recientes. Han alcanzado logros tan notables como el de unificar la acción electoral opositora. No es poca cosa. Aún así continúan teniendo bajísima credibilidad entre los ciudadanos, quienes los perciben como herramientas inútiles para otros propósitos colectivos. Muchos líderes sociales, sindicales, gremiales; muchos intelectuales y artistas; muchos ciudadanos, en general, no se plantean, ni por asomo, la posibilidad de sumarse a las filas de algún partido. Y ello da forma a un terrible círculo vicioso. Los partidos no se renuevan porque no incorporan dentro de sí fuerzas de cambio y no logran incorporar esas fuerzas porque no se renuevan.

¿Está pasando acaso el tiempo de los partidos? Definitivamente no. No es concebible una democracia digna de tal nombre que no cuente con un sistema de partidos. Los partidos tienen una razón de ser y es bueno recordarlo. A tales organizaciones les corresponde, para decirlo en una frase, preparar gobiernos alternativos. Esto implica: a) darle forma a visiones del país y popularizarlas de la manera más amplia posible; b) identificar y articular posiciones e intereses; c) ejercer la oposición en situaciones de normalidad democrática o, tal como hoy se plantea, la resistencia ante una dictadura; d) preparar a los eventuales gobernantes y legisladores; e) seleccionar candidatos a cargos de representación pública y participar en elecciones. Otras organizaciones pueden atender algunas de estas tareas pero sólo los partidos pueden y deben ocuparse de todas ellas.

Resultaría un lugar común afirmar que los partidos venezolanos no cumplen con las tareas que he mencionado. Quisiera invitar, más bien, a pensar por un momento sobre la enorme complejidad asociada a la creación y desarrollo de un partido hoy en nuestro país. Para quienes viven en condominio bastará con imaginarse un hipercondominio, integrado por decenas de miles de personas, para aproximarse a las dificultades inherentes al funcionamiento de un partido. El asunto es, sin embargo, mucho más cuesta arriba. Nuestros partidos están sometidos a un proceso de exterminio, lento pero sistemático, por parte de un régimen que aspira al control total. A pesar de todo allí están varios partidos, sostenidos por numerosos venezolanos quienes, con vocación y paciencia, han construido los únicos instrumentos con potencial para enfrentar el desafío de resistir al régimen y prepararnos para una nueva era democrática. Son experiencias que deberían contar con mayor estima social si la antipolítica, que ha rondado desde hace ya demasiado tiempo entre nosotros, no lo dificultase.

¿Acaso debemos esperar a que ocurra el desenlace que muchos deseamos para encontrarnos con que no tenemos partidos a la altura del reto de reconstruir nuestra democracia? Si ese fuese el caso no es impensable una situación en la que la sociedad se fraccione en innumerables grupos de interés. En ausencia de partidos políticos –reinventados, no los actuales– nadie estará cumpliendo la vital función de articular los intereses particulares con base en programas de gobierno. Surgiría entonces, progresivamente, una dinámica de facciones, de grupos enfrentados en la captura del Estado. En un contexto de ingobernabilidad como ese más de uno pensará que la solución deberá ser un régimen de fuerza que imponga el orden o, en otras palabras, una nueva dictadura. Así pues, la democracia de partidos representa el equilibrio entre una sociedad de facciones ingobernables, por una parte, y un régimen dictatorial, por la otra.

Vivimos tiempos intensamente políticos. Cada quien debe encontrar la forma de contribuir al esfuerzo común para superar los oscuros días que hoy vivimos. Yo, por mi parte, me convencí, hace ya varios años, de que la política es, en un sentido profundo, pedagogía social. Creo que todo partido debe prepararse para facultar a la ciudadanía en la comprensión de los grandes temas públicos. Es preocupante que muchos partidos hayan tendido a claudicar ante el desafío de ejercer el liderazgo intelectual de la sociedad y que por oportunismo o por incompetencia hayan optado por plegarse al estado de la cambiante opinión pública. Le corresponde a los partidos estar a la altura de esa responsabilidad y ejercerla con propiedad. Esto implica, desde luego, que la propia dirigencia y militancia de las organizaciones políticas –en especial quienes ocupan cargos públicos o aspiran a hacerlo– se inserten en una dinámica de constante reflexión y formación. Con la intención de ayudar a hacer que la política venezolana sea también pedagogía social varios profesionales nos hemos incorporado a un partido que, generosamente, nos ha recibido.

Sigo creyendo que la política puede – y debe – ser una de las actividades humanas más nobles. A fin de cuentas ¿no es una actividad enaltecedora de lo humano el dedicarse a cuidar y promover el bienestar común? La política sólo será redimida si nos convencemos de que ella es compatible con la sinceridad y la honradez. Decía Ortega y Gasset, hace exactamente un siglo, con respecto a la política en España, lo siguiente:

“La nueva política, todo eso que, en forma de proyecto y de aspiración, late vagamente dentro de todos nosotros, tiene que comenzar por ampliar sumamente los contornos del concepto político. Y es menester que signifique muchas otras actividades sobre la electoral, parlamentaria y gubernativa; es preciso que, trasponiendo el recinto de las relaciones jurídicas, incluya en sí todas las formas, principios e instintos de socialización. La nueva política es menester que comience a diferenciarse de la vieja política en no ser para ella lo más importante, en ser para ella casi lo menos importante la captación del gobierno de España, y ser, en cambio, lo único importante el aumento y fomento de la vitalidad de España.”

Ojalá otros se animen también a militar en alguna de nuestras organizaciones políticas. En la que prefieran, entre las demócratas. Los partidos tienen que ser insuflados con una parte de la energía social que está hoy en la calle. Sería algo de significación histórica que miles y miles de quienes hoy protestamos decidiésemos ayudar a renovar a los partidos y convertirlos en eficaces herramientas al servicio del rescate y avance de nuestra democracia. Del fomento de la vitalidad de Venezuela.

@roca023

Hablemos de inflación y mercado

roberto-casanova Hace días conversaba con un amigo -demócrata cabal y, por tanto, opositor- sobre la llamada Ley de Precios Justos. Me preguntó si no pensaba yo que los márgenes de ganancia en Venezuela eran excesivos. Que, a su juicio, muchos empresarios venden los productos a precios muy superiores a los que les costó producirlos o importarlos. Que esa era la causa de la inflación. Concluía confesándome, preocupado, que no encontraba cómo oponerse a esa ley socialista.

Mi primera respuesta consistió en devolverle otra andanada de preguntas. ¿Y por qué sólo hay inflación en Venezuela (y en un par de países más)? ¿Es que acaso se concentraron aquí todos los especuladores? ¿Tiene sentido que un empresario eleve los precios de sus productos hasta que nadie se los compre? ¿Acaso es lo mismo obtener una ganancia de, digamos 10%, en una economía estable, a obtenerla en una de las economías de mayor riesgo del planeta? ¿Habrá o no una relación entre el alza de todos los precios y el aumento en la cantidad de dinero que circula en la economía? ¿Y no está ocurriendo que la cantidad de dinero crece desmesuradamente porque el Banco Central está financiando al gobierno? ¿Acaso no sabe que ningún país que haya superado la inflación lo ha logrado controlando precios y persiguiendo a empresarios, sino manejando responsablemente su política económica y promoviendo la competencia?

Mi amigo quedó algo aturdido con este interrogatorio.

Este intercambio de preguntas refleja uno de los problemas más importantes que enfrentamos hoy. No contamos con un conjunto mínimo de acuerdos que nos permita salir de la crisis en la que nos ha hundido el socialismo y construir una economía próspera y productiva. Una tarea política ineludible es promover un debate amplio y serio al respecto.

En ese debate yo defenderé a la economía social de mercado como la mejor opción. Esta doctrina -que, a pesar de lo que su nombre sugiere, es más que una propuesta económica- ha demostrado su capacidad para hacer que el progreso económico y la productividad creciente redunden en provecho del consumidor; es decir, del pueblo.

Algunos de los principios que defiende esta doctrina tienen relevancia para nosotros:

1) El precio refleja la valoración que hacen los consumidores de un producto. Es esta valoración lo que hace que estemos dispuestos a pagar los costos en los que se incurrió en la producción de lo que deseamos. Si un producto es muy valorado su precio será alto, independientemente de los costos para producirlo.

2) La función empresarial cumple la tarea de coordinar el proceso económico. La función empresarial (que no es lo mismo que el llamado sector empresarial) la cumple cualquiera que, ante oportunidades de mercado asociadas a cambios en las valoraciones de los consumidores, en la tecnología o en otras cosas, genera productos para obtener alguna ganancia. Ese proceso creador supone articular recursos productivos de diversa naturaleza y competir con otros proveedores. La ganancia es el ingreso que se logra por desempeñar exitosamente esta función de coordinación, realizando un cálculo acertado sobre los precios de productos e insumos.

3) La mejor forma de favorecer al consumidor es mediante la competencia entre empresarios. Una economía basada en la libertad y la competencia logra compatibilizar el interés individual y el interés general, en una forma no igualada por ningún otro tipo de economía. La razón es que, cuando hay competencia, el empresario sólo puede lograr su propio éxito en la medida en que sirve al consumidor. Y ello le impulsa a ser más productivo y a disminuir sus costos y sus precios.

4) La inflación es un fenómeno monetario. La inflación está siempre asociada al crecimiento sostenido de la cantidad de dinero, crecimiento que excede significativamente al de la producción de bienes y servicios. Una de las razones de ese desequilibrio es el uso de los bancos centrales para financiar los déficit gubernamentales. El principal culpable de la inflación venezolana es el Directorio del BCV, el cual viola el artículo 320 de la Constitución, que dice: “En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

Espero que mi amigo halle aquí algunos elementos útiles para continuar nuestro debate particular sobre el tema. Y que algunos políticos se animen a promoverlo en todos los espacios que tengan a su alcance.

Roberto Casanova
@roca023

Gasolina, servidumbre y libertad

roberto-casanova La baja forzosa de precios del mes pasado le ha dado varios buenos frutos al régimen. Influyó en los resultados de las elecciones municipales y le sirvió para avanzar en su estrategia de control y planificación central de la economía. Ahora le permite plantearse el aumento del precio de la gasolina. Confía en que no habrá nada parecido a una protesta popular, pues el saqueo que promovió y administró en diciembre quitó presión a la caldera social.

Es cierto que, al precio actual, Pdvsa incurre en pérdidas produciendo y vendiendo gasolina en el mercado interno. Tal precio es sólo una fracción del costo de producción. El asunto es peor si se considera el costo de oportunidad de la gasolina, es decir, lo que deja de ganar Pdvsa al no vender ese producto al precio que tiene hoy en el mercado mundial. También es verdad, por otra parte, que el gobierno tiene crecientes problemas para mantener su nivel de gasto y que este es el principal foco de inestabilidad de nuestra economía. Todas esas consideraciones son ciertas y deberían bastar para justificar el alza del precio del combustible.

Esa sería, sin embargo, una conclusión correcta sólo desde un punto de vista económico, pero terriblemente equivocada desde una perspectiva más amplia. Hoy, en efecto, están en juego asuntos mucho más graves que las pérdidas de Pdvsa o el financiamiento del déficit fiscal.

El gobierno que pretende ajustar el precio del combustible no es cualquier gobierno. Es uno que nos empuja constantemente hacia un camino de servidumbre, que va tomando control de todo el proceso económico y que no ha tenido problema alguno en despilfarrar centenares de miles de millones de dólares, en endeudarnos en otros miles de millones más, en permitir niveles de corrupción sin parangón histórico, en comprar lealtades de otros gobiernos mediante onerosas alianzas.

Es sabido que los regímenes comunistas politizan todo, especialmente la economía. Sus decisiones tienen que ser comprendidas como parte de un proyecto de poder que aspira al control total. Sin embargo, la economía es terca y pone límites a la desmesura del poder. Así, el régimen venezolano acude ahora a la racionalidad económica que siempre ha subestimado para justificar el incremento del precio de la gasolina. Nos encontramos, entonces, ante la paradójica situación de que quienes siempre hemos argumentado a favor de aquella racionalidad, debemos ahora utilizar razones fundamentalmente políticas para oponernos al incremento en cuestión. Pero no tenemos opción, pues en esos términos se plantea el conflicto.

El gobierno usará, otra vez, la manipulación y el chantaje. Dirá que los recursos que provengan del ajuste del precio de la gasolina serán para el pueblo. Ofrecerá parte de lo que piensa obtener a alcaldes necesitados. Acusará a quienes se le opongan de irracionales y de enemigos de la paz, del bienestar y hasta del medio ambiente. Intentará, sobre todo, acercarse tácticamente a la oposición para que no lo ataque por la decisión y comparta su costo político.

Nuestra respuesta no debe centrarse en la gasolina como tema. Debemos denunciar, más bien, con firmeza y creatividad, cosas como el irresponsable endeudamiento público, la violación del artículo 320 de la Constitución que impide al BCV financiar los déficit gubernamentales, la incoherente política cambiaria, la sistemática succión de recursos por parte del socialismo chulo cubano y de otros gobiernos oportunistas, la enorme corrupción, las expropiaciones y los controles que destruyen los incentivos para invertir en nuestro país.

Para los millones de venezolanos que nos oponemos al comunismo, se trata casi de una cuestión de desobediencia civil. Tenemos que hacer lo necesario para no continuar dando dinero al régimen que destruye nuestro ideal de una sociedad libre, justa y próspera. No podemos olvidar ni por un instante que la servidumbre en una sociedad comunista no llega de un día para otro, sino que es el resultado acumulativo de innumerables decisiones y omisiones. Si consentimos que el gobierno aumente el precio de la gasolina estaremos, en definitiva, suministrando más combustible a la maquinaria totalitaria que amenaza nuestra libertad.

Pero si, a pesar de todo, el régimen logra su cometido deberá pagar, en exclusividad, el mayor costo político posible. La alternativa democrática no puede cargar con ninguna responsabilidad al respecto. Y la incoherencia y la hipocresía del régimen deben quedar en evidencia.

Roberto Casanova
@roca023

La inflación reprimida nazi y el milagro alemán

Los tiempos del dominio nazi sobre Alemania fueron tiempos de desmesura, represión y miedo. La política económica reflejó claramente esos rasgos, sobre todo en los años finales de ese régimen totalitario. Algunos textos de Wilhelm Röpke sintetizan con claridad lo sucedido. Vale la pena citarlos in extenso.

Desde 1933, el nacionalsocialismo alemán ha demostrado que un Gobierno dispuesto a todo es capaz de convertir una inflación abierta en inflación reprimida manteniendo la presión de la inflación sobre precios, salarios, tipos de cambios y cotizaciones de valores mediante una economía coercitiva que lo abarque todo (control de divisas, racionamiento, inmovilización de precios y de salarios, regulación del consumo, fiscalización del capital y de las inversiones…). (…) Pero cuanto más aumenta la inflación tanto más se acentúa la presión, que se trata de compensar mediante la economía coercitiva. Y tanto más amplia y desconsiderada ha de ser también la economía coercitiva para poder detener la creciente presión de la inflación…”[1]

Se trataba de un Gobierno que, urgido de recursos para financiar un enorme y creciente gasto público, promovió una inflación que luego “prohibió”, mediante un sistema de economía de guerra cada vez más estricto. Continúa Röpke:

“A medida que el efecto inflacionista de dinero hace subir precios, costes y tipos de cambio, el cada vez más amplio y elaborado aparato de la economía coercitiva intenta contrarrestar esta subida mediante medidas policíacas. La inflación reprimida se convierte así en un sistema de valores coactivos ficticios, que suele estar inseparablemente unido al usual sistema económico del colectivismo (…) La distorsión de todas las relaciones de valores, la coexistencia de mercados `oficiales´ y `negros´ y el antagonismo entre quienes rigen el mercado y el Estado, que lucha desesperadamente por conservar su autoridad, conducen al fin a una situación caótica, en la que falta prácticamente toda clase de orden (…) El camino de la inflación reprimida termina, pues, en el caos y la paralización”[2].

Luego de la derrota bélica de Alemania no existía consenso, en materia de política económica, acerca de la estrategia para superar el pesado legado del régimen nazi. En esas circunstancias, algunos pensadores (como Alfred Müller ArmackWilhelm Röpke y Walter Eucken, entre otrosy varios políticos (como Konrad Adenauer y, en particular, Ludwig Erhard), promotores de lo que venían llamando como “economía social de mercado”, supieron aprovechar las posiciones que ocupaban para, a partir de 1948, impulsar un programa de reformas económicas.

El problema central a enfrentar era, dicho en breve, una mezcla de inflación y colectivismo. La reforma tuvo dos componentes. Por un lado, crear disciplina en materia monetaria y fiscal. Por el otro, la eliminación del “…aparato de represión (precios máximos, racionamiento y los demás elementos de la economía coactiva), volviendo a la libertad de los mercados…”[3]. En el marco de este segundo componente, se prestó especial atención a promover un ambiente de efectiva competencia, limitando cualquier tendencia a la concentración económica y al surgimiento de monopolios. De este modo, “del caos y del marasmo de la economía planificada inflacionista surgieron las dos columnas de un auténtico orden económico: la fuerza directora e impulsora que radica en los precios libres y la estabilidad del valor del dinero”[4].

La reforma contó con detractores desde su comienzo, incluidos, por cierto, los funcionarios estadounidenses que ejercían la autoridad en determinados ámbitos en la Alemania ocupada. PeroErhard y otros impulsores de la economía social de mercado mantuvieron la confianza en lo que hacían y se dedicaron a convencer a sus compatriotas, con sentido pedagógico y habilidad política, sobre la conveniencia de las medidas adoptadas. Al cabo de pocos años los resultados obtenidos en materia de crecimiento y bienestar fueron tan favorables que el período fue calificado por algunos como el del “milagro alemán”.

Varios autores, sin embargo, sin desmerecer esta notable experiencia, han sostenido que, en realidad, no hubo nada milagroso en lo que ese país logró. Afirman, en tal sentido, que los resultados alcanzados eran los que debían esperarse si eran ejecutadas, con la prudencia necesaria, políticas liberadoras del emprendimiento económico. El propio Erhard afirmó que “Lo que se ha llevado a cabo en Alemania… es todo lo contrario a un milagro. Es tan sólo la consecuencia del esfuerzo honrado de todo un pueblo que, siguiendo principios liberales, ha conquistado la posibilidad de volver a emplear iniciativas humanas, humanas energías”[5].

Es correcto, pues, considerar que la economía social de mercado es, básicamente, economía de sentido común. Tal vez lo que resulte impresionante sea que, luego de largos años de dominio totalitario y en un entorno mundial de creciente estatismo, Alemania Federal hubiese mostrado semejante sindéresis. Esta reforma “…de elección en elección, fue ampliando la base política de la economía de mercado, al principio muy escasa, llegando por último a obligar a los socialistas a admitirla y borrar poco a poco de sus programas los dogmas típicos socialistas de la planificación económica y de la socialización”[6].

La gran lección de la economía social de mercado para la historia ha sido que cambios económicos y sociales profundos y favorables pueden ser logrados si se piensa y actúa con sensatez.

Roberto Casanova
@roca023

Publicado originalmente en Prodavinci
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[1] Röpke, Wilhelm (2007).

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

[5] Erhard (1989).

[6] Ibíd.

Los límites del poder

Dr Luis Enrique ObertoA través del tiempo, desde la imposición en la primera mitad del siglo XX de regímenes totalitarios en la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi, quedó claro que el propósito de sus promotores -los totalitarios- no era solo afirmarse en el poder por siempre, sino también de ejercerlo -sin alternancia personal alguna en su máxima dirección- sin ningún límite legal ni de otra naturaleza.

Así ha ocurrido, cualesquiera han sido o son las utopías y las prédicas utilizadas para enmascarar sus reales propósitos, habida cuenta que -por su naturaleza como régimen- su accionar en todos los casos es contrario a la afirmación del desenvolvimiento en libertad de todos los ciudadanos, para crear y hacer, y al respeto y defensa de su dignidad: de sus derechos como personas humanas.

Ha pasado en el ejercicio de los totalitarismos de viejo cuño, tanto en los que han desaparecido por confrontaciones bélicas y de otras índoles como en los que han subsistido -como el de la isla de la felicidad-; así como en los que han surgido posteriormente de la mano de las facilidades que las nuevas tecnologías y el relativismo en que han caído porciones importantes de pueblos han puesto a su alcance para hacer ver por algún tiempo lo falso como verdad y disimular su hacer contrario al bien común.

Ahora bien, si no se evalúan sus procederes a la luz de los paradigmas propios de las sociedades en las que se respeta y promueve la libertad y la dignidad de las personas -en todas las circunstancias- se puede apreciar con claridad que en la consecución de sus propósitos: la imposición de su voluntad sobre toda la gente, el control total de su quehacer diario y la negación de su realización según sus deseos, son extremadamente eficientes para hacer lucir su accionar con un sentido distinto al que les mueve.

Dueños como gobernantes de la posibilidad de utilizar la fuerza, siempre han actuado bajo la idea de que a través de las leyes que dictan pueden legitimar toda clase de arbitrariedades, que implican el atropello de la dignidad de las personas y la restricción o conculcación de sus derechos fundamentales, y la imposición de cargas de variadas naturalezas que las agobian y desalientan sus aspiraciones.

Por todo ello, el ejercicio del poder sin límites por personas o instituciones de gobiernos -aun por un corto tiempo si tal cosa pudiera ser garantizada- es totalmente incompatible con el desenvolvimiento de una sociedad realmente libre, lo que debe ser tenido presente en todas las circunstancia por los pueblos y su dirigencia genuina.

luisoberto@yahoo.com

¿El principal problema?

GerverTorresDe acuerdo con las encuestas de opinión pública, cuando a los venezolanos se les pregunta cuál es el principal problema que afrontan, la mayoría señala la delincuencia. ¿Es ese realmente el problema más importante que padecemos? Sin duda, el problema es muy grave. Venezuela ocupa uno de los primeros lugares de criminalidad en el mundo, y sus habitantes figuran igualmente entre quienes tienen uno de los porcentajes más altos de percepción de inseguridad del planeta, según la empresa Gallup.

Pero Venezuela tiene un problema mucho más grave que el hampa. Se trata del gobierno. Si bien el hampa puede despojar de sus bienes a cualquier persona en cualquier momento e incluso acabar miserablemente con su vida, el gobierno venezolano está acabando con mucho más que los bienes materiales de todos los venezolanos. Lo hace además todo el tiempo, de manera continuada y creciente.

La devaluación incesante de la moneda y la subsecuente inflación, le roba a la gente sus salarios, sus prestaciones y ahorros. El endeudamiento creciente, desordenado e improductivo nos roba una parte del futuro. El acelerado colapso de la infraestructura nos despoja de servicios críticos como la electricidad.

El acoso y la censura a los medios de comunicación nos privan de los instrumentos a través de los cuales nos mantenemos informados sobre lo que está ocurriendo y expresamos nuestros puntos de vista. Los juicios amañados contra diputados de la oposición nos roban nuestra representatividad. El abuso de instrumentos como el actual proyecto de Ley Habilitante representa un secuestro de nuestras instituciones.

Tal vez si los encuestadores incluyeran al gobierno dentro de la lista opciones que la gente tiene cuando se les pide mencionar los principales problemas del país, éste superaría a todos los demás. La gente tendría la razón, porque además, también el origen de la excesiva delincuencia es la incapacidad y corrupción del régimen. 

gerver.liderazgoyvision.org