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La gran estafa

“No hay nada mas práctico que una buena teoría”, reza una sabia expresión.  Efectivamente, cuando se tiene una buena teoría es como cuando se cuenta con un buen manual para comenzar a operar un nuevo aparato. Se va lento, pero seguro. Se sabe qué terreno se está pisando. Por oposición a eso, cuando se experimenta en cualquier terreno sin contar con ninguna teoría, los riesgos de fracaso, de derivar en los resultados menos esperados, son todos. Eso pasa con el llamado Socialismo del Siglo XXI que, en tono de fuga,  quiere ahora devenir en  Estado Comunal. A los dirigentes y formuladores de política del régimen, a sus contados intelectuales, se les debería preguntar una y otra vez por la teoría que los guía. ¿Dónde está? ¿Cómo se aplica en Venezuela? ¿Cuál es su modelo económico? ¿Cómo es que se superan, en esta supuesta nueva versión tropical,  los vicios y errores de las experiencias socialistas que la humanidad ha conocido,  todas ellas fracasadas? Esa teoría, que no sean las mismas elaboraciones de siglos pasados,  no existe por ninguna parte.  Ni balbuceos, ni intentos de elaboración. Lo que constatamos es que el país ha sido lanzado a una gigantesca, costosísima e irresponsable experimentación, que combina la mayoría de las veces viejas prácticas y políticas de estatismo, centralismo, autoritarismo, en fin, los peores “ismos”, con propuestas y modelos que no se han visto funcionar en ninguna parte como las del Estado Comunal, e iniciativas que corresponden totalmente a otros patrones de desarrollo, como las de la integración del país a Mercosur, que demandan una economía eficiente, competitiva, conceptos éstos muy alejados de los parámetros socialistas. No son pues accidentes los nudos y cuellos de botella que van ahogando progresivamente al régimen. Demasiadas contradicciones e inconsistencias; más de las que puede aguantar el país. Todas ellas eran, sin embargo, previsibles.

Si la infraestructura del país está colapsada, es porque ya antes estaba colapsado el modelo bajo el cual se desarrollaría. Si el aparato productivo no arranca, es porque nunca fue creíble ni consistente la teoría bajo la cual supuestamente prosperaría. Si la democracia se apaga, si las libertades se restringen es porque nunca fueron piezas integrales de la conceptualización socialista. Como bien lo sabe cualquier ingeniero, lo que no está bien resuelto en el plano, no estará bien resuelto en la obra. Los arquitectos, los teóricos del socialismo del siglo XXI, del Estado comunal, de las empresas de producción social, de las zonas de desarrollo comunal, de los fondos zamoranos, nunca hicieron su trabajo, más bien nunca lo intentaron. En verdad, nunca lo hubieran podido hacer bien tampoco. Esos modelos son totalmente incongruentes ya en el diseño. Pero al menos, uno hubiera querido ver el esfuerzo intelectual. Si lo hubieran intentado, tal vez hubieran descubierto ya en el papel algunas graves inconsistencias e imposibilidades y le hubieran ahorrado al país tantos y tan costosos extravíos.

El resultado de toda esta experimentación ha sido la pérdida de más de una década para el país. Una década en la que han ocurrido dos cosas muy importantes que agigantan esa pérdida. Una, que la región de la que formamos parte ha hecho progresos muy notables, al punto de que vamos a contar pronto con el primer país desarrollado en nuestra región, Chile y; dos, que hemos disfrutado de unos ingresos en divisas excepcionalmente  altos que nos hubiesen permitido avances notables en muchos campos. Definitivamente, el socialismo del siglo XXI nunca tuvo teoría y sus resultados prácticos han sido y continúan siendo desastrosos. La visión de país y de sociedad que lo sustentaban era y sigue siendo una gran estafa intelectual.

gerver@liderazgoyvision.org

Por un País de Propietarios

País de propietarios es una iniciativa de un grupo de ciudadanos preocupados por Venezuela para buscar los correctivos que eliminen esta situación que cada día acrecienta nuestras desigualdades y nos imposibilita a progresar como país. Es una invitación a todos los venezolanos para movilizarnos en la defensa, promoción y profundización del derecho a la propiedad privada individual, como piedra angular de la libertad y el progreso económico y social. Lo impulsan Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y Liderazgo y Visión, dos organizaciones no gubernamentales cuyos objetivos coinciden plenamente con los de la iniciativa que estamos adelantando.

País de Propietarios es un movimiento social en defensa de las oportunidades de todos los venezolanos de ejercer su derecho a ser propietarios, como lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional:

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

La mayoría de los venezolanos hemos construido y creado con nuestro salario, con el trabajo directo y los ahorros familiares: viviendas, barrios populares, comercios, talleres de trabajo y fincas agrícolas.

Una casa sin titulo es como un hijo nuestro sin partida de nacimiento. Todo ciudadano venezolano, trabajador o empresario, debe tener la oportunidad y la facilidad de obtener con su trabajo los derechos de propiedad de lo que ha creado o construido, su casa, su negocio. Estos bienes propios son la base para tener tranquilidad, seguridad, para educar a los hijos.

Uno de los dramas más graves que vive la mayoría de los venezolanos es la falta de un titulo de propiedad sobre la parcela en la cual viven o desarrollan sus negocios. Esta carencia de documentos legales les imposibilita, entre muchas otras cosas,  obtener un crédito en una institución financiera, que los impulse a crecer económicamente. La falta de propiedad nos empobrece; le quita valor a nuestras viviendas y bienes, y aumenta nuestra inseguridad.

Es esta  situación la que nos mueve a un grupo de venezolanos a convocar voluntades para plantearle al pais un mejor camino, el de la defensa, estimulo y protección de la propiedad privada. En pocas palabras, convertirnos en un pais de propietarios.

Propietarios venezolanos denuncian 40.000 juicios sobre vivienda paralizados

Caracas, 8 ago (EFE).- El presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, denunció hoy que la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, aprobada por decreto presidencial en mayo, “ha paralizado 40.000 juicios” relacionados con vivienda en Venezuela.

La ley “viola flagrantemente principios constitucionales de nuestra Carta Magna”, aseguró Orta en una rueda de prensa, al anunciar la presentación de un recurso de nulidad por la supuesta incostitucionalidad de esa norma.

Esa ley, publicada el pasado 6 de mayo, “ha fomentado -afirmó Orta- la morosidad y otros incumplimientos por parte de los inquilinos a nivel nacional en perjuicio de los propietarios de la clase media y de los barrios de Venezuela”.

En este sentido, destacó que sólo en la capital venezolana hay, al menos, 155 edificios invadidos a los que se ha de sumar apartamentos individuales, aunque aclaró que no es una estadística exacta.

Orta también indicó que la instrucción del Tribunal Supremo emitida en enero para que los jueces limitaran las medidas de desalojo en inmuebles destinados a vivienda familiar hizo que los juicios abiertos desde entonces se paralizaran en un 80 %, aunque no dio el número exacto ni explicó la fundamentación de la cifra.

El abogado adelantó que mañana Apiur participará en la discusión que la Asamblea Nacional mantiene sobre el proyecto de ley de regularización y control de arrendamientos de viviendas.

Agregó que la regulación del Estado sobre los precios del terreno y las construcciones que introduce la nueva ley de arrendamientos no tiene en cuenta la alta inflación venezolana, el valor de la adquisición del inmueble ni el tipo de construcción.

“No nos oponemos a que el Estado regule el arrendamiento (…) pero no lo puede hacer a los extremos de que el propietario no pueda cubrir el gasto”, insistió Orta.

En este sentido, recalcó que el Estado también tiene que defender el derecho a la propiedad porque, dijo, “los propietarios también son venezolanos”.

“Los ciudadanos han asumido la expropiación como un robo”

BEATRIZ CRUZ SALAZAR , FELIPE BENÍTES , DIR. OBSERVATORIO DE PROPIEDAD PRIVADA. | EL UNIVERSAL

lunes 6 de junio de 2011 12:00 AM

Cuando se iniciaron las expropiaciones en los campos y zonas rurales pocos creyeron que la ola llegaría hasta la capital. Pero no solo llegó, sino que las acciones en contra de la propiedad privada han crecido de manera acelerada, en comparación con el sector rural y los años anteriores, según advierte Felipe Benítes, director del Observatorio del Derecho a la Propiedad Privada.

 

En lo que va de año se han registrado más de 300 de violaciones a la propiedad, entre invasiones y expropiaciones. “En ninguno de los años anteriores tuvimos más de 40 casos de invasiones por año y este año tenemos al menos 250 invasiones. Tenemos seis veces más violaciones en cinco meses de lo habíamos observado en cualquiera de los años anteriores, y la mayor parte se ha dado en el tejido urbano. El Distrito Capital, junto a Zulia y Lara son los más afectados. Allí lo que vemos es el efecto de un discurso oficial que incentiva a tomar terrenos y propiedades para solucionar el problema de la vivienda”, apunta Benítes.

 

-¿El término de expropiación se ha satanizado?

 

-Está demostrado, desde la técnica jurídica, que lo que aplica el gobierno no son expropiaciones. El término de expropiación se ha asumido en las comunidades tal como el gobierno lo ha aplicado. Se ha asumido como expoliación, como un robo, incluso la misma gente en tono jocoso ha sustituido el “tas robado, por el tas expropiado”. Ese es el uso que el gobierno le ha dado al término y así es como lo interpreta la gente, a pesar de que no es el significado jurídico. La expropiación es una garantía al derecho de propiedad, ante un proceso de ese tipo se supone que el dueño pierde su condición de propietario de un bien en beneficio de un colectivo, pero eso no significa que pierda su patrimonio asociado a esos activos. Sin embargo, en la mayoría de las acciones expropiatorias que se han venido desarrollando en Venezuela los dueños pierden su patrimonio, patrimonio que en algunos casos no es tan significativo, pero que en otras oportunidades sí representa todo lo que tiene la persona.

 

-Los primeros afectados por tomas y expropiaciones se vieron en el interior del país, pero ahora parece que no hay límite para ello…

 

-En efecto, este fenómeno comenzó en la parte rural y se ha ido desplazando. Eso no significa que se hayan paralizado las expropiaciones en el plano rural, de hecho han venido aumentando. Entre el 2009 y 2010 empezamos a observar que el fenómeno atacó a las industrias, comercios y empresas, y el último movimiento tiene que ver con lo urbano. El ojo del gobierno se posó sobre el tejido urbano y la aceleración del fenómeno en el tejido urbano ha sido extraordinaria en comparación con los años anteriores.

 

-¿Se puede resolver el problema de la vivienda a través de las expropiaciones?

 

-Lo que tiene el gobierno es una quincalla de espejitos. Si en esos 300 inmuebles afectados se desarrollaran un promedio de un edificio, con diez pisos y 10 apartamentos por piso, eso sumaría 300 mil viviendas. Si proyectamos la cifra, y si el gobierno sigue con el ritmo de expropiaciones que lleva hasta el momento, estaríamos hablando que a final de año podría haber 720 mil, y eso no es la mitad ni siquiera de la promesa de construir dos millones de viviendas. Esto es una quincalla de espejos, pues de un lado se venden esperanzas a los más necesitados y del otro se ofrece amenazas al propietario. Es la jugada perfecta, pero no es la solución.

 

-¿Hasta donde puede llegar esta ola de expropiación?

 

-Hay casos particulares, de grupos que se meten en apartamentos vacíos. Pero en el fondo muchas de estas medidas son más simbólicas que otra cosa. Por ejemplo, los 44 edificios que fueron expropiados a finales de mayo ya estaban ocupados desde hace años. Con esto lo que se hace es mandar un mensaje a los que están esperando viviendas, quieren decirle a la gente que el problema de la vivienda se está resolviendo. Pero nos preocupa que se están creando los incentivos para que la gente invada. El gobierno se ha cuidado de hacer tomas quirúrgicas y selectivas, el problema es que si esto no se controla puede tener un impacto social peligroso. Ellos no reparan en el efecto económico o social, pero sí tienen claro en el efecto político – electoral que esas acciones tienen. Están usando la expropiación como un arma política.

 

-¿Cómo se puede proteger el ciudadano ante las violaciones a la propiedad?

 

-Aquí se está diluyendo la institucionalidad porque cualquier grupo puede llegar y ocupar un terreno y sin normas claras sobre cómo proceder, lo que le queda al ciudadano es el uso de la fuerza. El ejecutivo sabe que a través de estos procedimientos se puede abrir la caja de Pandora con el tema de la violencia. Sin embargo, creo que el ciudadano debe organizarse con los demás afectados y elevar el costo político de la jugada, que al parecer es el único costo que les importa.

 

-¿Puede un país progresar de esta manera, sin inversión privada?

 

-Insisto, al gobierno pareciera no importarle el efecto de esto sobre la economía, pero el Estado necesita del sector privado para crecer. Todo país que ha progresado es porque cuenta con un sector privado vigoroso, y para eso hay que tener una propiedad privada que se respete, pero lamentablemente nosotros ya estamos entre los últimos países que respetan el derecho a la propiedad privada.

 

Visión Uno

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