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Las ojeras del diálogo

Ojeras del dialogo
La escasez de azúcar, leche y café ha afectado el único cafetín del centro comercial donde trabajo. Un espacio que se sostiene a pesar de la combinación que establecen la sordera del señor José y la lentitud de la cajera de turno, gracias a Henry, el incansable y diligente hombre que cuela café, bate jugos y monta sanduches respetando el orden de llegada, birlando siempre a los coleados. Henry llama a las mujeres María y a los hombres José.

Cinco trabajadores del Seniat esperaban sus cafés y al recibirlos en la escala de con leche a cerrero, se separaron en dos grupos, abriendo el paso a los nuevos solicitantes. Una dupla tomó la papelera a mi espalda. Abrieron unos twinkies para hundirlos en sus vasitos. Yo esperaba que montara mi jugo de lechosa con naranja tras unos sanduches de jamón y queso.

Miss Defensora del Pueblo: 2007-2012

Gabriela630RamirezDP Vimos a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, defenderse a sí misma. Vimos a la Guardia del pueblo prohibirle al pueblo llegar hasta su sede. Vimos al pueblo ser asfixiado por manifestar su derecho al libre tránsito y a la protesta contra la Defensoría. Vimos a Gabriela Ramírez privilegiar su indignación por el manejo tendencioso que de sus recientes declaraciones realizara un medio impreso venezolano. Ahora nos toca ver la violación del artículo 57 de la Constitución, que establece que la información debe ser oportuna, lo que hace imperativo señalar que la acreditación grado “A” que hoy dice recibir la defensora, no se corresponde con méritos de fechas recientes, sino con documentos consignados por las actividades de la Defensoría en el quinquenio 2007–2012 y le fue otorgada en mayo de 2013. Publicar a destiempo esta nota no tiene fines informativos sino propagandísticos.

En términos prácticos, lo que gana la Defensoría del Pueblo con esta acreditación grado “A” es la asesoría del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales, la asistencia a eventos de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Comité –una reunión anual y una conferencia bienal– con derecho de palabra y el envío regular de informes a sus homólogos. No es un sello Norven, ni una garantía de calidad ISO 9000 ni es una estrellita en la frente.

No hay contradicción con otra organización
En noviembre de 2012, la defensora Gabriela Ramírez afirmó que no existía contradicción alguna entre el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a la par del retiro de nuestro país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El argumento central residió en la amplitud que por su estructura supone el Consejo, versus la parcialidad que signaba a la Corte.

El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, es el órgano independiente que se encarga de hacer seguimiento y revisión de estas organizaciones cada 5 años. En 2013 le correspondió a la Defensoría del Pueblo venezolana, cuyo informe de desempeño y progresos, no llegó a incorporar los terribles sucesos vividos en abril del año pasado. Diversas organizaciones venezolanas de Derechos Humanos, solicitaron al Comité la revisión de la acreditación de la Defensoría con el envío de un informe donde explicaban las múltiples violaciones de las que han sido objeto venezolanos, sin el concurso de la Defensoría para su amparo y resarcimiento correspondientes, teniendo como parámetro los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.

En el momento de su ingreso al Consejo de DDHH, Ramírez afirmaba el compromiso que significaba la elección de Venezuela y el propio Ejecutivo se comprometía en tomar acciones para combatir la inseguridad –cuyo incremento ha sido tan alarmante como sostenido–, y mejorar la situación de las cárceles –de los últimos 4 motines, la ministra Iris Valera aún no consigna informes–, sin ofrecer garantías para honrar las garantías de libertad de expresión –corroborado con nuestra hegemonía comunicacional y autocensura–, la independencia judicial o la mejora de su relación con la Corte Interamericana, de cuya jurisdicción logró separarse en septiembre de 2013.

El problema del timing.
26 asesinados, 1600 detenidos, centenares de heridos, más de 120 periodistas agredidos en la coberturas de sucesos y al menos 44 casos de tortura reconocidos por las autoridades. Ante este saldo, el gobierno venezolano brinda hoy por el logro de una acreditación cuya base reside en el quinquenio pasado, advirtiendo que antes del acto había sido consignada la documentación de las investigaciones que se realizan por presuntos maltratos a la integridad personal durante los hechos de violencia que se han suscitado en Venezuela desde el 12 de febrero, con especial énfasis en la reducción lograda de las manifestaciones, que contabilizaron en principio en 18 municipios, para señalar su disminución a 14 y afirmar que solo persisten en 6 de los 335 municipios del país. Afirmación que entra en contradicción con las manifestaciones celebradas ayer en San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Cumaná, La Victoria, Valencia, Puerto Ordaz, Valera y Caracas, que lamentablemente terminaron con acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, con el terrible saldo de 3 asesinados y 14 heridos de bala solo en el estado Carabobo.

En todo caso, Ramírez señaló desde Ginebra que la Defensoría hace seguimiento a los funcionarios de seguridad que presuntamente han incurrido en excesos de represión, que ya hay varios detenidos, sin precisar dónde están ni quiénes son, tanto menos en cuál estadio se encuentran las investigaciones que sobre ellos adelantan, pero prometió que de llegar a comprobarse alguna actuación represiva indebida y de acuerdo al criterio del juez correspondiente, los funcionarios pagarán prisión según lo establecido en nuestra legislación.

La promoción de la acreditación es entonces una pieza más a la apuesta de la ebullición de la indignación, haciendo que esos parámetros internacionalmente aceptados para la observancia de las funciones de las instituciones nacionales de DDHH, en áreas como independencia, cumplimiento con su mandato, contenido y propósito de informes defensoriales y relaciones con la sociedad civil, necesiten de la ponderación que el propio ciudadano pueda hacer entre lo que vive y lo que es reportado por la Defensoría. Que la defensora haya dedicado el cierre de su declaración a la promoción de un documento para prevenir el acoso escolar en el marco de esta crisis política, es poco menos que una burla a la población que por razones políticas ni representa, ni defiende.

¿Y a ti quién te defiende?
A diferencia de sus homólogos latinoamericanos, como los defensores de Ecuador o Perú, Ramírez ha sostenido una relación conflictiva con las organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela. Los que deberían fungir como sus principales aliados en la difícil tarea de proteger al pueblo frente a un gobierno que ha perdido la separación de sus poderes y los contrapesos frente al Estado, han sido incluso [des]calificados por ella, como organizaciones antigubernamentales.

El primer informe evaluativo que sobre el desempeño de la Defensoría del Pueblo para el período 2007–2012 enviaran diversas ONG venezolanas de DDHH, estuvo basado en la experiencia de estas organizaciones y el desarrollo social en su relación con la institución. Entre los hallazgos del estudio se encuentra la ausencia de independencia de los máximos responsables de la institución; la falta de estímulo al cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos y el cuestionamiento de los órganos de protección; la instrumentalización del Informe de la Defensoría como un mecanismos más de propaganda del gobierno; y la existencia de una oferta formativa en derechos humanos, sesgada y excluyente.

Puedes consultar este informe hecho por Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Haciendo click aquí puede consultar el informe.

La defensora afirmó en Ginebra que también denunciará la campaña de odio que se ha desencadenado contra la Defensoría y su persona ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la relatoría de Libertad de Expresión y la relatoría especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Si este empeño fuese proporcional con la voluntad para ayudar a resarcir las múltiples violaciones de DDHH de las que son objeto tantos venezolanos, muchos celebraríamos esta acreditación pasada, cuya continuidad solo garantiza más indignidad.

Vaya nuestra felicitación retroactiva por algo obtenido en 2013. Ahora lábrese el respeto en este 2014, acompañando a las víctimas de esta desproporcionada violencia de Estado, tal como el 28 de febrero se lo indicara la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en una nota que lamentablemente no difundieron los medios del Estado.

Publicado originalmente en Prodavinci

Me incorporé a un partido político

militancia Un creciente número de venezolanos lucha hoy por recuperar las libertades que un gobierno autoritario le viene progresivamente arrebatando y por independizarse de la nefasta influencia de la dictadura cubana. Muchos entendemos que la mayoría de los problemas que nos agobian – escasez, inflación, inseguridad, conflictividad – son la inevitable consecuencia de un modelo de corte comunista que pretende controlar a la sociedad entera y subordinarla a una élite ambiciosa, sectaria y corrupta. Otros más lo irán entendiendo y, pronto, esperemos, una mayoría consistente comprenderá que este régimen es incapaz de conducirnos al progreso, con libertad y justicia.

Los actuales eventos demuestran, sin embargo, que no basta con que hoy algunos sectores desafíen, con coraje cívico, al régimen. Requerimos, además, un trabajo de articulación social y una dirección política. Por una parte, el éxito de nuestra lucha democrática pasa por la convergencia de las diversas demandas sociales en una misma causa transformadora. Por otra parte, la diversidad de opiniones no debe ser obstáculo para lograr la coordinación que necesitamos para enfrentar a un régimen dispuesto a casi todo para mantenerse en el poder. Estas son tareas que, en circunstancias ideales, deberían cumplir, principalmente, los partidos políticos. No es lo que ocurre, como es sabido.

La mayoría de los partidos han centrado sus esfuerzos en la intensa dinámica electoral de los años recientes. Han alcanzado logros tan notables como el de unificar la acción electoral opositora. No es poca cosa. Aún así continúan teniendo bajísima credibilidad entre los ciudadanos, quienes los perciben como herramientas inútiles para otros propósitos colectivos. Muchos líderes sociales, sindicales, gremiales; muchos intelectuales y artistas; muchos ciudadanos, en general, no se plantean, ni por asomo, la posibilidad de sumarse a las filas de algún partido. Y ello da forma a un terrible círculo vicioso. Los partidos no se renuevan porque no incorporan dentro de sí fuerzas de cambio y no logran incorporar esas fuerzas porque no se renuevan.

¿Está pasando acaso el tiempo de los partidos? Definitivamente no. No es concebible una democracia digna de tal nombre que no cuente con un sistema de partidos. Los partidos tienen una razón de ser y es bueno recordarlo. A tales organizaciones les corresponde, para decirlo en una frase, preparar gobiernos alternativos. Esto implica: a) darle forma a visiones del país y popularizarlas de la manera más amplia posible; b) identificar y articular posiciones e intereses; c) ejercer la oposición en situaciones de normalidad democrática o, tal como hoy se plantea, la resistencia ante una dictadura; d) preparar a los eventuales gobernantes y legisladores; e) seleccionar candidatos a cargos de representación pública y participar en elecciones. Otras organizaciones pueden atender algunas de estas tareas pero sólo los partidos pueden y deben ocuparse de todas ellas.

Resultaría un lugar común afirmar que los partidos venezolanos no cumplen con las tareas que he mencionado. Quisiera invitar, más bien, a pensar por un momento sobre la enorme complejidad asociada a la creación y desarrollo de un partido hoy en nuestro país. Para quienes viven en condominio bastará con imaginarse un hipercondominio, integrado por decenas de miles de personas, para aproximarse a las dificultades inherentes al funcionamiento de un partido. El asunto es, sin embargo, mucho más cuesta arriba. Nuestros partidos están sometidos a un proceso de exterminio, lento pero sistemático, por parte de un régimen que aspira al control total. A pesar de todo allí están varios partidos, sostenidos por numerosos venezolanos quienes, con vocación y paciencia, han construido los únicos instrumentos con potencial para enfrentar el desafío de resistir al régimen y prepararnos para una nueva era democrática. Son experiencias que deberían contar con mayor estima social si la antipolítica, que ha rondado desde hace ya demasiado tiempo entre nosotros, no lo dificultase.

¿Acaso debemos esperar a que ocurra el desenlace que muchos deseamos para encontrarnos con que no tenemos partidos a la altura del reto de reconstruir nuestra democracia? Si ese fuese el caso no es impensable una situación en la que la sociedad se fraccione en innumerables grupos de interés. En ausencia de partidos políticos –reinventados, no los actuales– nadie estará cumpliendo la vital función de articular los intereses particulares con base en programas de gobierno. Surgiría entonces, progresivamente, una dinámica de facciones, de grupos enfrentados en la captura del Estado. En un contexto de ingobernabilidad como ese más de uno pensará que la solución deberá ser un régimen de fuerza que imponga el orden o, en otras palabras, una nueva dictadura. Así pues, la democracia de partidos representa el equilibrio entre una sociedad de facciones ingobernables, por una parte, y un régimen dictatorial, por la otra.

Vivimos tiempos intensamente políticos. Cada quien debe encontrar la forma de contribuir al esfuerzo común para superar los oscuros días que hoy vivimos. Yo, por mi parte, me convencí, hace ya varios años, de que la política es, en un sentido profundo, pedagogía social. Creo que todo partido debe prepararse para facultar a la ciudadanía en la comprensión de los grandes temas públicos. Es preocupante que muchos partidos hayan tendido a claudicar ante el desafío de ejercer el liderazgo intelectual de la sociedad y que por oportunismo o por incompetencia hayan optado por plegarse al estado de la cambiante opinión pública. Le corresponde a los partidos estar a la altura de esa responsabilidad y ejercerla con propiedad. Esto implica, desde luego, que la propia dirigencia y militancia de las organizaciones políticas –en especial quienes ocupan cargos públicos o aspiran a hacerlo– se inserten en una dinámica de constante reflexión y formación. Con la intención de ayudar a hacer que la política venezolana sea también pedagogía social varios profesionales nos hemos incorporado a un partido que, generosamente, nos ha recibido.

Sigo creyendo que la política puede – y debe – ser una de las actividades humanas más nobles. A fin de cuentas ¿no es una actividad enaltecedora de lo humano el dedicarse a cuidar y promover el bienestar común? La política sólo será redimida si nos convencemos de que ella es compatible con la sinceridad y la honradez. Decía Ortega y Gasset, hace exactamente un siglo, con respecto a la política en España, lo siguiente:

“La nueva política, todo eso que, en forma de proyecto y de aspiración, late vagamente dentro de todos nosotros, tiene que comenzar por ampliar sumamente los contornos del concepto político. Y es menester que signifique muchas otras actividades sobre la electoral, parlamentaria y gubernativa; es preciso que, trasponiendo el recinto de las relaciones jurídicas, incluya en sí todas las formas, principios e instintos de socialización. La nueva política es menester que comience a diferenciarse de la vieja política en no ser para ella lo más importante, en ser para ella casi lo menos importante la captación del gobierno de España, y ser, en cambio, lo único importante el aumento y fomento de la vitalidad de España.”

Ojalá otros se animen también a militar en alguna de nuestras organizaciones políticas. En la que prefieran, entre las demócratas. Los partidos tienen que ser insuflados con una parte de la energía social que está hoy en la calle. Sería algo de significación histórica que miles y miles de quienes hoy protestamos decidiésemos ayudar a renovar a los partidos y convertirlos en eficaces herramientas al servicio del rescate y avance de nuestra democracia. Del fomento de la vitalidad de Venezuela.

@roca023

Gasolina, servidumbre y libertad

roberto-casanova La baja forzosa de precios del mes pasado le ha dado varios buenos frutos al régimen. Influyó en los resultados de las elecciones municipales y le sirvió para avanzar en su estrategia de control y planificación central de la economía. Ahora le permite plantearse el aumento del precio de la gasolina. Confía en que no habrá nada parecido a una protesta popular, pues el saqueo que promovió y administró en diciembre quitó presión a la caldera social.

Es cierto que, al precio actual, Pdvsa incurre en pérdidas produciendo y vendiendo gasolina en el mercado interno. Tal precio es sólo una fracción del costo de producción. El asunto es peor si se considera el costo de oportunidad de la gasolina, es decir, lo que deja de ganar Pdvsa al no vender ese producto al precio que tiene hoy en el mercado mundial. También es verdad, por otra parte, que el gobierno tiene crecientes problemas para mantener su nivel de gasto y que este es el principal foco de inestabilidad de nuestra economía. Todas esas consideraciones son ciertas y deberían bastar para justificar el alza del precio del combustible.

Esa sería, sin embargo, una conclusión correcta sólo desde un punto de vista económico, pero terriblemente equivocada desde una perspectiva más amplia. Hoy, en efecto, están en juego asuntos mucho más graves que las pérdidas de Pdvsa o el financiamiento del déficit fiscal.

El gobierno que pretende ajustar el precio del combustible no es cualquier gobierno. Es uno que nos empuja constantemente hacia un camino de servidumbre, que va tomando control de todo el proceso económico y que no ha tenido problema alguno en despilfarrar centenares de miles de millones de dólares, en endeudarnos en otros miles de millones más, en permitir niveles de corrupción sin parangón histórico, en comprar lealtades de otros gobiernos mediante onerosas alianzas.

Es sabido que los regímenes comunistas politizan todo, especialmente la economía. Sus decisiones tienen que ser comprendidas como parte de un proyecto de poder que aspira al control total. Sin embargo, la economía es terca y pone límites a la desmesura del poder. Así, el régimen venezolano acude ahora a la racionalidad económica que siempre ha subestimado para justificar el incremento del precio de la gasolina. Nos encontramos, entonces, ante la paradójica situación de que quienes siempre hemos argumentado a favor de aquella racionalidad, debemos ahora utilizar razones fundamentalmente políticas para oponernos al incremento en cuestión. Pero no tenemos opción, pues en esos términos se plantea el conflicto.

El gobierno usará, otra vez, la manipulación y el chantaje. Dirá que los recursos que provengan del ajuste del precio de la gasolina serán para el pueblo. Ofrecerá parte de lo que piensa obtener a alcaldes necesitados. Acusará a quienes se le opongan de irracionales y de enemigos de la paz, del bienestar y hasta del medio ambiente. Intentará, sobre todo, acercarse tácticamente a la oposición para que no lo ataque por la decisión y comparta su costo político.

Nuestra respuesta no debe centrarse en la gasolina como tema. Debemos denunciar, más bien, con firmeza y creatividad, cosas como el irresponsable endeudamiento público, la violación del artículo 320 de la Constitución que impide al BCV financiar los déficit gubernamentales, la incoherente política cambiaria, la sistemática succión de recursos por parte del socialismo chulo cubano y de otros gobiernos oportunistas, la enorme corrupción, las expropiaciones y los controles que destruyen los incentivos para invertir en nuestro país.

Para los millones de venezolanos que nos oponemos al comunismo, se trata casi de una cuestión de desobediencia civil. Tenemos que hacer lo necesario para no continuar dando dinero al régimen que destruye nuestro ideal de una sociedad libre, justa y próspera. No podemos olvidar ni por un instante que la servidumbre en una sociedad comunista no llega de un día para otro, sino que es el resultado acumulativo de innumerables decisiones y omisiones. Si consentimos que el gobierno aumente el precio de la gasolina estaremos, en definitiva, suministrando más combustible a la maquinaria totalitaria que amenaza nuestra libertad.

Pero si, a pesar de todo, el régimen logra su cometido deberá pagar, en exclusividad, el mayor costo político posible. La alternativa democrática no puede cargar con ninguna responsabilidad al respecto. Y la incoherencia y la hipocresía del régimen deben quedar en evidencia.

Roberto Casanova
@roca023

Maduro descarta relaciones cordiales con EEUU

EmbajadaUSA

Caracas, 1 de octubre, 2013 (AP).- El presidente Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a establecer “puntos de contacto nuevamente” si funcionarios estadounidenses dejan de participar en supuestas actividades de conspiración tras expulsar tres funcionarios de la embajada norteamericana en Caracas.

Cerca de la medianoche del martes, en tanto, el gobierno de venezolano confirmó que Washington adoptó medidas recíprocas al expulsar tres diplomáticos venezolanos, entre ellos el encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Washington. En un comunicado repudió esa acción por considerar que a diferencia de sus pares estadounidenses, los venezolanos en ningún momento se reunieron con personas “interesadas en actuar en contra” de la administración del presidente Barack Obama.

“Están corriendo las 48 horas para que estos funcionarios agarren sus macundales (sus pertenencias) y se vayan del país”, dijo el gobernante el martes, un día después de anunciar la expulsión de los estadounidenses. Advirtió que no aceptará el “intervencionismo grosero del poder estadounidense”.

Afirmó que “el día que el gobierno del presidente (Barack) Obama rectifique, nosotros estableceremos puntos de contacto nuevamente para conversar los asuntos comunes”.

Sin embargo, Estados Unidos rechazó de manera categórica el martes las acusaciones contra tres de sus diplomáticos, y advirtió que podría adoptar medidas recíprocas amparándose en la Convención de Viena. El gobierno estadounidense precisó entonces que aún sopesa cómo responderá.

La portavoz del Departamento del Estado Jen Psaki dijo el martes que las acusaciones están relacionadas con un viaje que los funcionarios estadounidenses realizaron al estado Bolívar.

“Ellos estaban allá realizando actividades diplomáticas normales, como lo hemos dicho en el pasado. No debería causar sorpresa”, dijo a periodistas. “Por supuesto que mantenemos contactos habituales con diferentes sectores políticos. Y mantenemos una perspectiva amplia en Venezuela y viajamos con frecuencia, por supuesto. Eso es lo que los diplomáticos hacen. Así que no había nada extraordinario con eso”.

Psaki agregó que la embajada estadounidense en Caracas recibió la noche del lunes una nota diplomática en la que Venezuela declaraba persona no grata a los tres funcionarios, a los que concedió 48 horas para abandonar el país.

Dashiell López, miembro del consejo directivo de Súmate, una ONG local defensora de derechos civiles, negó el martes que integrantes de esa organización se hayan reunido en el estado suroriental de Bolívar con los funcionarios diplomáticos expulsados, tal como sostiene el gobierno. López dijo a la AP, en entrevista telefónica, que la ONG solo prestó sus instalaciones para un encuentro que tuvieron la semana pasada algunos grupos religiosos con esos diplomáticos.

“No fue una reunión con Súmate ni hubo gente de Súmate en esa reunión”, agregó.

Maduro dijo en una cadena nacional de radio y televisión que no habrá relaciones cordiales con Estados Unidos mientras el gobierno de ese país “no entienda que tiene que respetar a Venezuela, que es un país soberano”.

Ratificó la decisión de expulsar a los tres diplomáticos estadounidenses por su supuesta participación en actividades de conspiración con opositores venezolanos.

Maduro anunció en la víspera la expulsión de Kelly Keiderling, quien actualmente se desempeña como encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y de Elizabeth Hoffman y David Moo, quienes ocupan la secretaría adjunta para asuntos políticos de la misión diplomática y el viceconsulado, según informó la televisora estatal.

Tarde en la noche del martes, el gobierno venezolano rechazó categóricamente las declaraciones de Keiderling y repudió la posterior expulsión del encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Washington, Calixto Ortega, y otros dos funcionarios venezolanos, en respuesta a la medida en contra de diplomáticos estadounidenses, adoptada por el gobierno de Caracas.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones de la funcionaria Kelly Keiderling, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos de América en Caracas. Estas declaraciones son una confesión de la abierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela, razón por la cual la funcionaria fue declarada como persona no grata y exhortada a abandonar el territorio venezolano”, dijo la cancillería venezolana en un comunicado.

“De la misma manera se repudia la expulsión del encargado de Negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington, Calixto Ortega Ríos; así como de la Segunda Secretaria de la Embajada, Mónica Sánchez; y la cónsul, Marisol Gutiérrez, del Consulado de Venezuela en Houston”, indicó el escrito divulgado en la página de internet de la cancillería venezolana, sin dar detalles.

El gobierno de Maduro afirmó que “no se puede considerar esta una decisión recíproca, al observar la conducta inequívoca de nuestros funcionarios, que no han osado en ningún momento sostener reuniones con grupos contrarios al gobierno del presidente Barak Obama o con personas interesadas en actuar en contra del gobierno estadounidense”.

Horas antes, en una conferencia de prensa, Keiderling afirmó que “todas las acusaciones de sabotaje, de conspiraciones, de que nosotros vamos a acabar con el mundo, todas son falsas”.

“Esas acusaciones no tienen fondo alguno”, resaltó.

Anunció que junto a los otros dos funcionarios partirá a Estados Unidos en la mañana del miércoles.

“Todos salimos mañana en la mañana, el plazo es hasta mañana”, indicó. “Hasta mañana en la mañanita, yo seré la encargada de negocios aquí de la embajada”, dijo la diplomática estadounidense, nacida en República Dominicana.

Al preguntársele quién queda al frente de la embajada en Caracas, Keiderling comentó, “tenemos un ministro consejero y él será, como es normal; siempre el ministro consejero es el número dos o la número dos de la embajada, y esa persona automáticamente queda encargado o encargada de la embajada”.

El ministro consejero Phil Laidlaw “mientras tanto” será la persona a cargo, acotó.

Los señalamientos del gobierno venezolano afirman que los funcionarios han participado en actividades de “conspiración”. El gobierno difundió el martes un vídeo de unos cinco minutos en el que aparecen varias fotografías de cuando los diplomáticos señalados ingresaron y salieron de actos de la oposición venezolana.

Venezuela abandona la Corte-IDH ¿Cambia algo?

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Caracas, 11 de septiembre, 2013.- Dicen los expertos en Derechos Humanos que todos los gobiernos están encantados con los tribunales internacionales que los protegen hasta que les toca ser condenados.

Cuando fue el turno de Hugo Chávez, sucedió exactamente eso. Tras años de ignorar sus sentencias, acusarla de ser “un brazo del imperio” (por EE.UU.) y tacharla de “cero a la izquierda”, el fallecido mandatario terminó por ordenar la salida de Venezuela de su jurisdicción.

“La acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de ‘Derechos Humanos’, apoyando el terrorismo”, dijo Chávez en septiembre del año pasado.

Y en medio de las críticas de ONG y organismos defensores de los Derechos Humanos, el lunes, su sucesor, Nicolás Maduro, vino a ratificarlo: “Nadie se mete con Venezuela, ya basta, se le acabó el tiempo a la Corte-IDH”, dijo.

Así pues, cumplido el preceptivo plazo de un año desde que denunció el tratado que la creó, Venezuela se une a Estados Unidos en los países de la OEA que están fuera de la jurisdicción de la Corte-IDH.

Para lo que suceda a partir de ahora, las víctimas de violaciones a los DD.HH., en el ámbito internacional tienen el sistema de protección de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana (CIDH), inherente a su pertenencia a la OEA.

Ahora bien, Venezuela ya venía ignorando las resoluciones de la CIDH y las sentencias de la Corte-IDH. Con la salida, ¿cambia algo? BBC Mundo le presenta algunos ejemplos que pueden hacer pensar que tal vez.

El ejemplo Fujimori

“La lucha por los Derechos Humanos no es necesariamente de corto plazo”, le dice a BBC Mundo Carlos Ayala, abogado excomisionado de la CIDH, al poner como ejemplo el caso de las víctimas del peruano Alberto Fujimori.

Ayala comenta que aunque las resoluciones del Sistema Interamericano no se cumplan por parte del Estado, “empoderan a las víctimas en la lucha por la Justicia”.

Para ilustrarlo, recuerda las condenas dictadas por la Corte-IDH en los casos de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, que fueron secuestrados y obligados a cavar su propia tumba antes de ser ejecutados por orden llegada del gobierno.

También puso el ejemplo de la familia del Caso Barrios Altos. “Por un ‘errorcito’ de inteligencia, entraron unos comandos y ejecutaron a niños y mujeres, por equivocación”, relata.

“Esos dos casos, sentenciados por la Corte-IDH y que uno pudo pensar que habían quedado en nada, sirvieron para que Fujimori fuera extraditado de Chile a Perú”, explica Ayala.

Ayala sirvió como testigo internacional en Lima de la condena que recayó sobre Fujimori por la ejecución arbitraria de esas víctimas.

Sin amnistías

La Corte Interamericana también ha convertido en un auténtico bumerán a las leyes de amnistía que se han dado en la región para tratar de enterrar las violaciones de los Derechos Humanos como torturas, ejecuciones sumarias o desapariciones forzosas.

Así pasó en Centroamérica, por ejemplo en El Salvador, donde este mismo año una sentencia de la Corte-IDH exigía que no se volviera a poner como excusa para dejar de investigar violaciones de los Derechos Humanos de los años 80.

También en el Cono Sur, en Argentina, donde durante los gobiernos militares numerosas víctimas obtenían decisiones que no podían hacer cumplir, pero que al final acabaron en condenas.

“Además está la numerosa jurisprudencia en defensa de los indígenas para mostrar que la Corte Interamericana lleva una labor que le dice algo a los pueblos y no sólo a las elites”, comenta Ayala.

El “Caracazo”

Cuando se le cuestiona a un venezolano por el caso paradigmático de actuación de la Corte-IDH en Venezuela, responde casi sin dudar que el del “Caracazo”.

Las protestas y fuertes disturbios que asolaron la capital y otras ciudades fueron respondidas por una ola de represión por parte de las autoridades en febrero de 1989, con un balance oficial de 300 muertos y más de mil heridos.

La Corte Interamericana condenó al Estado venezolano por su actuación. Cuando llegó el momento de cumplirla, Venezuela mostró su mejor disposición.

Asdrúbal Aguiar, exmagistrado de la Corte-IDH, le contó a BBC Mundo que cuando llegó la sentencia, él era ministro y Chávez presidente electo. Lo visitó para anunciarle que procedería a aplicar las indemnizaciones.

“Chávez me dijo: ‘Ministro, cumpla con eso como corresponde’”, recuerda Aguiar, para quien Venezuela siempre tuvo mucho prestigio en el Sistema Interamericano hasta que a Chávez dejaron de llegarle casos del régimen anterior y empezaron a ser condenas a su gobierno.

En el “Caracazo”, aunque se ha cumplido con las indemnizaciones, desde un punto de vista penal, los autores intelectuales y materiales de los hechos de represión indiscriminada continúan impunes.

De esa circunstancia se queja la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic, ONG de defensa de los DD.HH. que agrupa a familiares y víctimas del Caracazo.

“No hay ningún fallo condenatorio de tribunales venezolanos de los hechos. Tampoco se han entregado los restos mortales encontrados en las fosas clandestinas, un gesto humanitario que es petición recurrente de los familiares”, le dijo Ortega a BBC Mundo.

Así, el “Caracazo” es el paradigma de lo mucho que puede hacer la Corte, pues sin su intervención hubiera quedado en total impunidad, y al mismo tiempo de cómo tiene las manos atadas cuando un país decide mirar para otro lado.

Y la Comisión sola

Al igual que pasa en el caso de Estados Unidos y algunas islas del Caribe, Venezuela pasa ahora estar bajo la tutela de la Comisión, que funciona como una especie de fiscalía, pero no de lo que viene a ser el tribunal.

La CIDH elabora informes y podrá emitir decisiones y medidas cautelares, que aunque no tienen la fuerza de una sentencia de la Corte-IDH también deberían ser cumplidas de buena fe, pues a eso se comprometieron los Estados al incorporarse a la OEA.

Según Asdrúbal Aguiar, lo que le queda a la CIDH es notificar de los incumplimientos a la Asamblea General de la OEA. “En cada oportunidad en que se reúna, la Comisión recordará que tal Estado, no ha cumplido”, explica.

“En la práctica, puede suceder que al pedir financiamiento a entes como Banco Mundial o apoyo a la Unión Europea, digan, si son serios, que no les otorgan nada por estar en mora con el cumplimiento de los DD.HH.”, agrega Aguiar.

“La propia Corte-IDH ha dicho que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para no frustrar las recomendaciones de la Comisión”, comenta Carlos Ayala.

Ayala explicó que incluso cuando argentina no había ratificado la Convención Americana de DD.HH., las dos visitas de la Comisión en los años 70 y los informes elaborados “fueron fundamentales en la búsqueda de la Justicia en el proceso de la Junta Militar”.

“Cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, uno de los elementos que constaban en el expediente eran los informes de la Comisión sobre las violaciones de los derechos fundamentales en Chile”, recordó.

Fuente: BBC Mundo

Votar o votar

La proximidad de las elecciones para escoger gobernadores y diputados de Consejos Legislativos regionales, para las cuales restan escasos días, nos coloca a los venezolanos de nuevo ante la necesidad de reflexionar sobre la defensa de los espacios democráticos, cuando estamos bajo un régimen que entiende el ejercicio del poder en términos hegemónicos. Algunos analistas plantean que el 16 de diciembre no sólo están juego los cargos de elección en los estados de Venezuela, sino que en el fondo lo que estará en juego será la velocidad de las transformaciones institucionales que quiere llevar adelante el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Si el mapa del país amanece rojo rojito el día 17 es plausible pensar en una aceleración de lo que viene llamándose “Estado comunal”, que no es otra cosa que la desaparición de entes como gobernaciones y alcaldías. En ese sentido, ceo que contar con gobernadores que no sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ayudará a mantener un relativo equilibrio en el reparto del poder, que hoy es desigual sin duda alguna, pero que podría empeorar si los venezolanos que adversan a Chávez optan por la abstención. En el cuadro político y electoral actual es necesario votar. No hacerlo, para los sectores de la oposición democrática, significaría dejarle la cancha sin adversarios a un régimen que tiene ya intenciones hegemónicas.

Por una mala estrategia opositora, en el año 2005, hubo un importante retroceso democrático en Venezuela. No está de más recordar esa mala hora en el momento actual, a pocas semanas de concurrir nuevamente a las urnas. Desde sus inicios el gobierno del presidente Chávez tuvo pretensiones de controlar al resto de poderes. Según el diseño institucional que emanó de la Constitución de 1999, las autoridades de los poderes públicos tales como Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral o Fiscalía General, son escogidos en el seno de la Asamblea Nacional. Desde ese punto de vista el espacio legislativo es un espacio políticamente estratégico para mantener un cierto equilibro de poder en Venezuela. La tesis abstencionista de 2005, que según los líderes opositores de entonces generaría el descrédito del gobierno, en realidad alimentó con creces la lógica de imposición hegemónica. La oposición no tuvo ni voz ni voto en el Parlamento entre 2005 y 2010 lo cual le permitió al gobierno no sólo controlar a la Asamblea Nacional, sino que desde allí se designó también a las cabezas de los otros poderes.

En este año 2012, debe decirse con claridad, la tesis abstencionista no proviene de la dirigencia política ahora reunida en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Hay desaliento en el venezolano común, que además se refuerza con ciertas matrices de opinión que alimenta el gobierno y opositores que cumplen la función de tontos útiles. El pasado 7 de octubre efectivamente Henrique Capriles Radonski no se impuso en las urnas, más que Chávez triunfó el ventajismo de usar los recursos del Estado para garantizar la reelección presidencial. El escenario es diferente para el 16 de diciembre, ya que se ha evidenciado que no hay un traslado automático de votos chavistas a favor de los gobernadores y alcaldes. Pero tal diferencia no significa que las cosas estén fáciles para los actores democráticos. La diferencia en muchos estados estará sencillamente en la movilización de la gente para ir a votar. No tenemos dilema en Venezuela, no creo que haya otra opción que ir a votar el 16 de diciembre si realmente deseamos construir un cambio.

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Víctimas españolas piden a Venezuela y otros países latinoamericanos que no den cobijo a etarras

Valencia, España, 18 de septiembre, 2012. (EFE).- La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) española, Ángeles Pedraza, pidió hoy a los ministros del Interior y de Seguridad Pública iberoamericanos, reunidos en Valencia, que no den cobijo a terroristas huidos y colaboren para extraditarlos.

Pedraza informó a los periodistas de las peticiones que iba a presentar la asociación que preside a los ministros de los países latinoamericanos que participan en la reunión.

La presidenta de la AVT sostiene que fuera de España se tiene la impresión de que los miembros de ETA “son separatistas, izquierda radical y antifranquistas”.

“Vengo a trasmitirles quiénes son realmente: asesinos, una banda terrorista que ha dejado en el camino casi mil muertos, muchísimos secuestros, miles de heridos y muchas vidas rotas”, señaló.

Pedraza expresó el deseo de aclarar a estos “países amigos” que los etarras “son terroristas” y les pedirá por ello que “no les den cobijo” y colaboren con España para lograr su extradición y que puedan ser juzgados en este país.

En España hay 300 asesinatos y atentados sin resolver, muchos de cuyos autores se encuentran huidos en países latinoamericanos, donde incluso tienen cargos importantes en embajadas, según la presidenta de la AVT.

“Vengo a trasmitirles la verdad de ETA y el terrorismo, por el bien de España y del mundo”, subrayó.

Para ello, Pedraza les relatará la situación de las familias de las víctimas y les entregará un vídeo documental con sus testimonios.

La petición de colaboración de las víctimas del terrorismo va dirigida a todos los países latinoamericanos donde se encuentran miembros de ETA huidos, como Venezuela, Cuba, Uruguay o Argentina.

La I Reunión Iberoamericana de Ministros del Interior y de Seguridad Pública reúne hoy en Valencia a representantes de veintiún países para dialogar sobre la coordinación en las políticas de seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y el control de fronteras.

La reunión fue inaugurada por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien recordó los años de lucha contra la organización terrorista ETA y expresó su confianza en que en el encuentro “surjan propuestas e iniciativas útiles para mejorar la respuesta” a los retos compartidos por los países iberoamericanos, entre ellos el narcotráfico y el crimen organizado.

EEUU destaca “represión sistémica” de DDHH en Cuba y violaciones en Venezuela

Caracas, 24 de mayo, 2012.- Estados Unidos denunció hoy la “represión sistémica” de los derechos humanos en Cuba y la creciente “concentración de poder” en la rama ejecutiva en Venezuela, lo que dificulta la libertad de expresión y criminaliza la disidencia en ese país. En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, relativo a 2011 y publicado hoy, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó, además, los “altos niveles” de abusos a los derechos humanos en Honduras, así como las violaciones persistentes en esa materia en México en medio de “la lucha del país contra el crimen organizado”.

Según el informe, en Cuba, el Gobierno de Raúl Castro “continuó su represión sistémica de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en 2011 e impuso restricciones “severas” a los medios de comunicación, mientras que “aumentó la frecuencia” de las detenciones “arbitrarias” de activistas de derechos humanos.

En tanto, en Venezuela, señala el documento, el presidente Hugo Chávez recurrió a la Ley Habilitante, aprobada en diciembre de 2010 y que le concede poderes especiales durante 18 meses, para decretar leyes contra “derechos fundamentales de propiedad y económicos”, sin “consulta ni aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento)”, indica.

Además, asegura EE.UU. en su informe, el Gobierno venezolano tomó “acciones para impedir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia, acosó e intimidó a cadenas de televisión privadas y a periodistas”, y sus ataques mediáticos estuvieron “impregnados de antisemitismo”.

Las violaciones de derechos humanos en México, por su parte, se dieron en el contexto de “la lucha del país contra el crimen organizado”, que provocó “choques frecuentes entre fuerzas de seguridad y los carteles de la droga”.

“Las organizaciones criminales trasnacionales persistieron como el más importante autor de crímenes violentos en México”, señala el informe.

Sin embargo, advierte que “en el contexto de la lucha contra esas organizaciones, pero a veces también sin relación con ellas, las fuerzas de seguridad cometieron supuestamente asesinatos ilegales, desapariciones forzadas y casos de abuso físico y tortura”.

Honduras, por su parte, tuvo “una tasa de homicidios extremadamente alta” en 2011, conflictos “significativos” por la violencia organizada y problemas “profundos y no perseguidos” de corrupción en su policía, que “persiguió a personas vulnerables”, incluida la población homosexual.

En Colombia, el Departamento de Estado alertó de que continúa presentando “graves” problemas de impunidad, un deficiente sistema judicial “sujeto a la intimidación” y corrupción.

El informe, que bajo las leyes de EE.UU. debió salir a finales de marzo pasado pero no se envió hasta hoy al Congreso, sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país. EFE

Fuente: Informe21.com

ONU expresa preocupación por restricción a las ONG en Venezuela

Ginebra, 26 de abril, 2012.- La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer su “profunda preocupación” por las restricciones al trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que imponen las autoridades de numerosos países, entre los que citó a Venezuela. 

En un comunicado, Pillay denunció las medidas adoptadas por ocho países para restringir el trabajo de las ONG, citando el caso venezolano, cuyo Parlamento aprobó un proyecto de ley con una “amplia definición de acto terrorista” que puede aplicarse a protestas sociales y disidencia, reseñó Efe. 

En enero de 2012, se aprobó la Ley Orgánica contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, pero todavía no ha sido firmada por el presidente, Hugo Chávez. 

Pillay criticó además que la normativa propuesta sitúe a las ONG bajo la “vigilancia permanente” de un órgano estatal e imponga restricciones a su financiación desde el extranjero. 

También aludió a las medidas restrictivas a las actividades de las ONG tomadas en Egipto, Zimbabue, Camboya, Argelia, Etiopía, Belarús e Israel.